Cuatro miembros de la Sedena son imputados por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo
El 26 de febrero de 2023, se registró la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, supuestamente a manos de cuatro miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los soldados fueron identificados como Bernardo “N”, Agustín “N”, Jorge Nicolás “N” y Juan Carlos “N” y fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su presunta responsabilidad en los hechos.
Según el informe oficial de la Sedena, los miembros del Ejército se encontraban realizando labores de reconocimiento cuando escucharon detonaciones y se acercaron al lugar de donde venían. Posteriormente, observaron un vehículo que iba a exceso de velocidad y que trató de evadirlos. En la unidad tipo pick up, que no tenía placas ni luces, iban siete jóvenes.
Los militares revisaron el vehículo y no encontraron material ilícito, sin embargo, accionaron sus armas de fuego sin autorización de su capitán, lo que provocó la muerte de cinco jóvenes, otro herido y uno más ileso. Los disparos contra los civiles fueron realizados por al menos cuatro cabos de caballería.
La camioneta en la que viajaban las víctimas quedó con por lo menos 20 impactos de bala y dos personas habrían sido rematadas en la nuca cuando estaban en el pavimento. Los sobrevivientes declararon que los militares detonaron sus armas sin una razón aparente.
Los hechos fueron calificados como una masacre por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por lo ocurrido.
La ONU también se pronunció sobre lo sucedido y afirmó que el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso y proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Además, señaló que toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre los hechos y a castigar a los responsables si se demostraba su culpabilidad. Los militares involucrados se encuentran en prisión preventiva oficiosa en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México, mientras que la audiencia está programada para reanudarse el próximo miércoles 12 de abril.