Podría pasar hasta seis años en la cárcel quien esté acreditado como padre y abandone a una mujer embarazada
En México 2.5 millones de mujeres son madres solteras; esto quiere decir que son mujeres que llevan por completo la responsabilidad de crianza y manutención de sus hijos desde el momento del embarazo; la razón: hay muchos hombres que abandonan a la mujer y no se hacen cargo de ella ni del bebé que está por nacer. Además, ser madre soltera en México muchas veces es motivo de rechazo pues está mal vista la decisión de criar a un hijo sola.
Estas mujeres han demostrado ser perfectamente capaces de mantener, cuidar y educar a sus hijos por sí mismas; sin embargo, pedir que el hombre se responsabilice de quien es también su hijo y apoye afectiva y económicamente es lo más justo. Es por ello que el Estado de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 280 del código penal en la que establece que el abandono a mujeres embarazadas será penalizado.
Quien sea reconocido como el padre del feto y abandone a la mujer que lo lleva en su vientre, será acreedor a una multa de 180 a 360 sesenta cuotas, que quiere decir de 15,638 pesos hasta 31,276 pesos (750 USD a 1500 USD) y recibirá de uno a seis años de cárcel.
Esta reforma la propuso el legislador priista Jorge de León Fernández y se aprobó el 9 de diciembre de 2020. Ahora, el artículo 280 del código penal estatal de Nuevo León queda de esta manera:
«Al que sin motivo justificado incumpla sus obligaciones alimentarias respecto de sus hijas e hijos, cónyuge, mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad, personas con discapacidad, adultos mayores o los sujetos de interdicción, se le impondrá pena de prisión de uno a seis años y multa de ciento ochenta a trescientas sesenta cuotas; pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que pudiere tener sobre el acreedor alimentario; y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el imputado».
Con esta ley se espera proteger a las embarazadas y a sus bebés, garantizando que se acredite legalmente la paternidad y el derecho de las niñas y niños recibir un nombre y un documento legal que identifique a sus padres.
